El Supremo cambia el alcance de la segunda oportunidad para las deudas
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, reunida en pleno esta semana, resolvió varias cuestiones nuevas, en relación con la exoneración de las deudas insatisfechas; un mecanismo de segunda oportunidad que libra al deudor de su pago, extendiendo las competencias relativas al plan de pagos del crédito público al juez de lo mercantil.
Analizando el preámbulo, los antecedentes normativos y los instrumentos internacionales adoptados antes y después de su regulación, la Sala concluye que, aprobado judicialmente el plan de pagos, no es posible dejar su eficacia a una posterior ratificación de uno de los acreedores, en este caso, el acreedor público (Hacienda).
Es decir, que, si el juez dicta un acuerdo sobre las deudas públicas impagadas, este acuerdo debe ser respetado por la Agencia Tributaria, cosa que no venía sucediendo. De hecho, la práctica habitual era que, en un momento posterior, la Agencia Tributaria no respetaba el acuerdo y ejecutaba un embargo o reclamaba la deuda cinco años después de la exoneración, de conformidad con lo establecido en la norma.
Protección del deudor: El reclamo de Hacienda podía ir en contra de lo que recoge la legislación.
En caso contrario, de prevalecer lo dispuesto por Hacienda, se haría prácticamente “ineficaz” la consecución de la finalidad perseguida por la segunda oportunidad – recogida en el art. 178 bis de la Ley Concursal- relativa a la posibilidad que los deudores concursales, que cumplieran con unos mínimos, puedan ver cancelados la totalidad de los créditos que no se cubren con el producto de la liquidación concursal.
Por eso, la sentencia extiende las competencias del juez de lo mercantil en lo relativo a los acuerdos sobre el plan de pagos que, hasta la fecha, se negociaba con la AEAT. No obstante, el juez debe de oír previamente a las partes personadas, como también el acreedor público, sobre las objeciones que presenta sobre el plan de pagos y atender solamente aquellas razones objetivas que justifiquen la no aprobación del plan de pagos.
Beneficiados: El Supremo aclara el concepto de “deudor de buena fe”.
La norma, que entró en vigor en julio de 2015, establece una segunda oportunidad en el ámbito concursal para los llamados “deudores de buena fe” con cargas, que incluye a los particulares, retira las cláusulas suelo a colectivos vulnerables y da soporte a las bonificaciones a familias y autónomos, entre otras medidas. Los particulares que han estado exonerados, solamente deberán devolver sus deudas después de cinco años, en casos excepcionales y fortuitos, como pueden ser, por ejemplo, por haber recibido una herencia no prevista o por haber ganado un premio de lotería o en juegos de azar.
Por otra parte, el Supremo aclara qué debe entenderse por “deudor de buena fe”, los que se pueden acoger a la segunda oportunidad. Así, quedan definidos en este apartado deudores en los que el concurso no ha estado calificado como culpable: el deudor concursado no haya estado condenado por sentencia firme, por determinados delitos patrimoniales; se haya acudido al procedimiento de acuerdo extrajudicial de pagos con carácter previo a la apertura del concurso; y, se incluyen aquellos casos en los que, aun habiéndose omitido la existencia de un crédito contra la masa, lo que contravenía claramente con lo estipulado por Hacienda.
Fuente: La Vanguardia / Economía / 14-07-2019
