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El Supremo cambia el alcance de la segunda oportunidad para las deudas

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, reunida en pleno esta semana, resolvió varias cuestiones nuevas, en relación con la exoneración de las deudas insatisfechas; un mecanismo de segunda oportunidad que libra al deudor de su pago, extendiendo las competencias relativas al plan de pagos del crédito público al juez de lo mercantil.

Analizando el preámbulo, los antecedentes normativos y los instrumentos internacionales adoptados antes y después de su regulación, la Sala concluye que, aprobado judicialmente el plan de pagos, no es posible dejar su eficacia a una posterior ratificación de uno de los acreedores, en este caso, el acreedor público (Hacienda).

Es decir, que, si el juez dicta un acuerdo sobre las deudas públicas impagadas, este acuerdo debe ser respetado por la Agencia Tributaria, cosa que no venía sucediendo. De hecho, la práctica habitual era que, en un momento posterior, la Agencia Tributaria no respetaba el acuerdo y ejecutaba un embargo o reclamaba la deuda cinco años después de la exoneración, de conformidad con lo establecido en la norma.

Protección del deudor: El reclamo de Hacienda podía ir en contra de lo que recoge la legislación.

En caso contrario, de prevalecer lo dispuesto por Hacienda, se haría prácticamente “ineficaz” la consecución de la finalidad perseguida por la segunda oportunidad – recogida en el art. 178 bis de la Ley Concursal- relativa a la posibilidad que los deudores concursales, que cumplieran con unos mínimos, puedan ver cancelados la totalidad de los créditos que no se cubren con el producto de la liquidación concursal.

Por eso, la sentencia extiende las competencias del juez de lo mercantil en lo relativo a los acuerdos sobre el plan de pagos que, hasta la fecha, se negociaba con la AEAT. No obstante, el juez debe de oír previamente a las partes personadas, como también el acreedor público, sobre las objeciones que presenta sobre el plan de pagos y atender solamente aquellas razones objetivas que justifiquen la no aprobación del plan de pagos.

Beneficiados: El Supremo aclara el concepto de “deudor de buena fe”.

La norma, que entró en vigor en julio de 2015, establece una segunda oportunidad en el ámbito concursal para los llamados “deudores de buena fe” con cargas, que incluye a los particulares, retira las cláusulas suelo a colectivos vulnerables y da soporte a las bonificaciones a familias y autónomos, entre otras medidas. Los particulares que han estado exonerados, solamente deberán devolver sus deudas después de cinco años, en casos excepcionales y fortuitos, como pueden ser, por ejemplo, por haber recibido una herencia no prevista o por haber ganado un premio de lotería o en juegos de azar.

Por otra parte, el Supremo aclara qué debe entenderse por “deudor de buena fe”, los que se pueden acoger a la segunda oportunidad. Así, quedan definidos en este apartado deudores en los que el concurso no ha estado calificado como culpable: el deudor concursado no haya estado condenado por sentencia firme, por determinados delitos patrimoniales;  se haya acudido al procedimiento de acuerdo extrajudicial de pagos con carácter previo a la apertura del concurso; y, se incluyen aquellos casos en los que, aun habiéndose omitido la existencia de un crédito contra la masa, lo que contravenía claramente con lo estipulado por Hacienda.

Fuente: La Vanguardia / Economía / 14-07-2019



El mecanismo de la segunda oportunidad. Qué es y a quién va dirigido

El mecanismo de la Segunda Oportunidad se encuentra regulado en título X de la Ley Concursal y en su artículo 178 bis, y se trata de una novedad legislativa que supone una alternativa para las situaciones de insolvencia sufridas por las personas físicas, ya sea en su vida doméstica o en el ejercicio de una actividad económica como autónomo.

Este mecanismo se inicia a petición del deudor, presentando una solicitud ante el Notario de su domicilio, ante el Registro Mercantil o bien, ante la Cámara de Comercio, dependiendo de quién inste la petición (persona natural empresaria o no – persona jurídica inscrita o no en el Registro Mercantil). Y se estructura en 3 fases:

 

            La primera es la fase extrajudicial y se denomina Acuerdo Extrajudicial de Pagos (AEP). La finalidad es llegar a un acuerdo con los acreedores y evitar así, el concurso. La segunda fase es la judicial. Cuando no hay acuerdo, se insta el Concurso Consecutivo del deudor, con el objetivo de liquidar el patrimonio embargable y poder pagar los créditos, con el importe que resulte. Y finalmente, se debe de tramitar la fase del beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI), es decir, liberar al deudor de aquella parte del pasivo que no ha podido satisfacer, tras el concurso.

 

El sistema de exoneración tiene dos pilares fundamentales; el primero, que el deudor sea de buena fe, esto es, que no tenga antecedentes penales por delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores, en los 10 años anteriores a la declaración del concurso y, segundo, que se liquide previamente su patrimonio o bien, que se declare la conclusión del concurso por insuficiencia de masa.

 

Cabe destacar que existen bienes que no será necesario liquidar por parte del deudor, pudiendo  mantener la propiedad. Por ejemplo, en aquellos casos en los que haya un préstamo hipotecario sobre una vivienda, será posible que el deudor mantenga la propiedad, siempre que el valor de la hipoteca sea superior al de la vivienda, y el préstamo hipotecario esté al corriente de pago.

Como es de ver, se trata de un mecanismo útil y que puede suponer una verdadera segunda oportunidad. En caso de necesitar una mayor información, contacta con nosotros.

 

Laura Escamilla Sánchez Gles Advocats

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